Nueva York. Seis días después de un asalto al Capitolio en Washington por “terroristas domésticos” –según la definición legal técnica de ese intento de golpe–, el gobierno de Donald Trump anunció ayer que agregó a Cuba a su lista de países designados “patrocinadores estatales de terrorismo”.
En éste, uno de los últimos actos antes de ser expulsados del poder el 20 de enero, Trump y su secretario de Estado, Mike Pompeo, ofrecen un último regalo a la derecha anticastrista de Miami que tanto ha hecho para sostener a un presidente que está por ser formalmente acusado esta semana de traicionar a su país al incitar a la violencia contra el Poder Legislativo y representar un peligro a la seguridad de Estados Unidos.
Pompeo anunció que el Departamento de Estado “ha designado a Cuba como Estado patrocinador por otorgar repetidamente apoyo a actos de terrorismo a escala internacional al dar refugio (safe harbor) a terroristas”.
Explicó que el gobierno de Trump desde un principio se ha dedicado a negar recursos al régimen cubano que emplea “para oprimir a su pueblo en casa, y contrarrestar su interferencia maligna en Venezuela y el resto del hemisferio”.
Afirmó que con esto se envía el mensaje a Cuba de que “debe poner fin a su terrorismo internacional y la subversión de la justicia estadunidense”. La Habana, acusó, ha mantenido a “asesinos”, “constructores de bombas” y “secuestradores”, entre ellos colombianos y estadunidenses que ha albergado durante décadas.
Pompeo reiteró las acusaciones de que más allá de estos apoyos para “el terrorismo internacional”, la isla continúa con “su comportamiento maligno” en la región, sobre todo en su apoyo a Nicolás Maduro en Venezuela, así como a “disidentes” de las FARC y el ELN.
Con esta designación, Pompeo explicó que se sanciona a personas y países que buscan cierto tipo de comercio con Cuba, impone restricciones sobre la asistencia estadunidense, prohíbe exportaciones y ventas militares y aplica ciertos controles a algunas exportaciones.
El anuncio fue denunciado de inmediato por algunos legisladores, como el veterano senador demócrata Patrick Leahy –quien pronto recuperará un puesto de liderazgo en asuntos judiciales e internacionales con la cámara alta, bajo nuevo control demócrata–, que declaró que “el terrorismo doméstico en Estados Unidos representa una amenaza mucho mayor para los estadunidenses que Cuba”.
Agregó: “esta designación abiertamente politizada es una burla de lo que había sido una medida creíble y objetiva del apoyo activo al terrorismo por algún gobierno extranjero. Nada como eso existe remotamente aquí (en el caso de Cuba)”.
Cinco años después de que La Habana fue retirada de esa lista por el gobierno de Barack Obama como parte de la normalización de relaciones diplomáticas que se negociaron, fue obvio que a nueve días del fin de presidencia –la cual luego de la intentona del miércoles ahora carece de toda autoridad moral–, Trump y su gobierno buscan entorpecer cualquier apertura o giro en la relación bilateral que algunos esperan bajo el gobierno entrante del demócrata Joe Biden.